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A partir de 1991 con la Constitución Política de Colombia, nuestro país favoreció el tema de la inclusión social a través de la participación política y democrática de los ciudadanos. Sin embargo, aún queda mucho por realizar para generar soluciones que respondan a las necesidades de comunidades en contextos tan diversos como lo es nuestro país. Abrir espacios donde todas las personas tengamos una voz, permitiría que nos sintamos como una sola Colombia, que resalta por una diversidad que la hace única, ya que esta no es un problema sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad.
Como personas tenemos el derecho de poder tener el alcance a las mismas oportunidades de crecimiento que los demás. Es por eso que las leyes de inclusión social son algo muy importante en nuestra sociedad que ayudará a poder convivir de una mejor manera, pero generar un cambio es tarea de todos. Es decir, pensar y tomar acciones desde nuestros contextos sobre las situaciones que viven otras personas en nuestro país y cómo podríamos incluirlas para que puedan acceder a las oportunidades que nosotros, o que al menos tengan las mismas posibilidades de competir que nosotros y nosotras.
Es importante hablar de inclusión social en Colombia porque es un país que históricamente ha sufrido de exclusiones y desigualdades sociales. A pesar de los avances en diferentes aspectos, Colombia todavía enfrenta grandes desafíos en términos de desigualdad económica, social y cultural.
La exclusión social en Colombia se manifiesta en diferentes formas, como la discriminación por raza, género, orientación sexual, discapacidad, entre otros aspectos. Esto puede limitar el acceso de las personas a oportunidades educativas y laborales, a la atención médica, a la justicia y a la participación política, entre otros derecho; Por lo tanto, hablar de inclusión social en Colombia es importante porque es necesario abordar las desigualdades y exclusiones sociales que existen en el país para construir una sociedad más justa y equitativa. Esto implica trabajar para garantizar el acceso igualitario a oportunidades educativas, laborales, de salud y de justicia, así como para promover políticas y prácticas que promuevan la inclusión social y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
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